PROPUESTAS POLÍTICAS PARA LA NACIÓN DOMINICANA

FORO PERMANENTE DE CIENCIAS SOCIALES


¿16 DE MAYO O 23 Y 24 DE ABRIL?


PROPUESTAS INTENCIONALMENTE PROVOCADORAS

PARA LA TRANSFORMACION POLITICA DOMINICANA



Ponencia del Profesor

Dr. José Antinoe Fiallo Billini

Sesión Propositiva

11 DE MAYO 2004

“¿Cómo tendríamos libertad?...

¿Cómo tendríamos dignidad”…

…¿Cuándo tendremos la democracia?... Cuando tumbemos la burocracia…” (Grupo “Maná” en su CD “La Revolución del Amor”, y en la canción “Justicia, Tierra y Libertad”, 2002).

I. INTRODUCCIÓN
Es mi intención original situarme más allá de lo que entendemos en plural como los “16 de Mayo”, por una razón muy sencilla expuesta por Américo Lugo, destacado intelectual dominicano, quien dijo en 1899: “Los gobiernos dominicanos nunca han sido servidores del pueblo, sino sus dominadores… Representan la injusticia revestida de legalidad”.


Con esta cita pretendo no estimular expectativas o falsas esperanzas y situar mi iniciativa propositiva en otra lógica, aprovechando esta coyuntura política para situar mis puntos de vista en la perspectiva planteada por Eugenio María de Hostos en 1884: “el derecho de todos con el poder de todos”… “el derecho público con el poder público”.


Debemos proponer todo lo que está pendiente y que ha sido reclamado históricamente, ajustándolo al hoy para evidenciar, no solo necesidad de nuevas alternativas, sino el reciclaje de toda la política conservadora, que, amparada en la retórica y la palabrería banal o aguajera, pretende utilizar los 16 de Mayo para ocultar la potencialidad de los 23 y 24 de Abril. Me permito proponer situado en esa intencionalidad y no en otra.

PODER “LEGISLATIVO”

Supuestamente, desde el punto de vista constitucional, el “poder legislativo” es el principal poder del estado y sin embargo ello no es así. No solo porque el llamado “poder ejecutivo” implica como señalaba Américo Lugo en 1899 “…centralismo es el predominio del poder ejecutivo… pone la mano en todo”, sino porque su conformación es un espacio de maniobras, truchimanería, clientelismo y acumulación originaria vía iniciativas y transacciones descaradas y desvergonzadas. Por ello propongo:

2.1 Suprimir el Senado de la República y conformar una sola “Asamblea Nacional y Popular” de Diputados escogidos en un proceso participativo, directo y popular de naturaleza proporcional a partir del principio de no reelección.

No otorgar ningún privilegio a los Diputados: considerarlos ciudadanos y ciudadanas, sin dietas, ayudas para ONG’S, exoneraciones, ejercicios laborales y/o profesionales asociados a procesos de enriquecimientos y/o acumulación y a partir de un salario o renta de ciudadanía, debiendo establecerse calendarios de trabajo asociados a la representación directa en las comunidades de origen, además de su presencia en las sesiones y actividades formales y regulares de la Asamblea.

Asignar a la Asamblea Nacional y Popular la facultad de elaborar las prioridades sociales, las líneas básicas de los Planes de Desarrollo quinquenales y sus concreciones anuales, como leyes de presupuesto y gastos públicos, las normativas o leyes de preferencia y el control semestral de la rendición de cuentas de los demás poderes públicos, incluyendo el denominado “poder ejecutivo”, siendo la jurisdicción de juicio político e iniciativas de revocaciones de mandatos.

Todo integrante de la Asamblea Nacional y Popular estará sujeto a rendición de cuentas trimestral y a iniciativa de revocación de mandato por la comunidad correspondiente en cualesquiera momento de su ejercicio sin que se reconozca inmunidad alguna para su condición, ni tampoco jurisdicción privilegiada.

En ningún momento la Asamblea Nacional y Popular podrá constituirse en Asamblea Revisora de la Constitución. Para hacer una nueva Constitución o para revisarla deberá recurrirse a la soberanía popular para escoger una Asamblea Popular Constituyente con ese objetivo específico, seleccionándose constituyentes con ejercicio gratuito y solidario para esos fines.

En ese sentido, será competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y Popular las iniciativas de Convenios y Pactos Internacionales, los que deberán ser sometidos a Referéndum, sobre todo los referidos a integración, comercio y asociación política internacional. En ese sentido se considerará ilegítimo e ilegal el actual acuerdo Libre Comercio supuestamente firmado con Estados Unidos.

3. “PODER EJECUTIVO” La intención central es reducir y anonadar lo que se llama el “poder ejecutivo” con la intención de un proceso que tienda, como lo solicitaron en Abril de 1878, entre otros, Francisco Henríquez y Carvajal, César Nicolás Penson, Emilio Prud’Homme, Ricardo Piñeyro y Miguel E. Garrido, al exigir “al país una completa reforma de su gobernación”, y entre otros planteamientos el “suprimir la Presidencia de la República”.

En ese sentido del proceso de superación de el poder individual, personalizado, de la Presidencia de la República como eje del llamado “poder ejecutivo”, proponemos:

Concebir la Presidencia de la República como un colectivo de Trabajo integrado por un Presidente, tres Vice-Presidentes (uno por cada macroregión y el Consejo de Ministros, teniendo que adoptarse las decisiones en ese colectivo y jamás de forma individual o personal ateniéndose al Plan Quinquenal y los Planes anuales aprobados por la Asamblea Nacional y Popular.

Se eliminarán los Ministerios adscritos a la Presidencia (Sec. Presidencia, Administrativa y Técnica) y se conformaría únicamente el Consejo de Ministros y la Presidencia.

Se deberá producir de inmediato una reforma radical de la organización de la gestión del llamado “poder ejecutivo” y conformar una nueva estructura que sea ágil, no burocrática, integradora de esfuerzos y recursos lo que podría expresarse en la siguiente variante organizativa de pocos pero efectivos Ministerios:

3.2.1 Ministerio de Relaciones Exteriores: que articularía la vinculación política, económica y social con el entorno de la región y el mundo, así como la diáspora dominicana. Se reestructurarían Embajadas y Consulados haciendo énfasis en la carrera profesional multidisciplinaria por regiones y la eliminación de todos los privilegios por ingresos a Cónsules y Embajadores que sólo tendrían ingresos por sus salarios e impedimento de representación de intereses corporativos y de cabildeo.

Ministerio de Economía y Desarrollo Social: articulando todo lo hoy disperso en Trabajo, Agricultura, Finanzas, Industria y Comercio, Juventud y Mujeres, así como todas las dependencias que estén vinculadas a la economía y a sujetos sociales haciendo énfasis en estructurar los Vice-Ministerios de acuerdo a las ramas de la Economía y el Desarrollo Social.

Ministerio de Medio Ambiente e Infraestructuras: que integraría y articularía todas las estrategias de preservación y potenciación de los ambientes y para garantizar que las intervenciones en ellos referidas o las necesidades de infraestructuras como continuidades culturales, sean respuestas armónicas y satisfactorias a los seres humanos y naturalezas. En ese sentido se integrarían las actuales Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, así como todas las instituciones y dependencias que se refieran, y estén dispersas o vinculadas a otras ramas, y que requieran entrar en una estrategia de coherencia, incluyendo aquellas referidas a comunicaciones, meteorología, prevención de sismos y otras catástrofes.

Ministerio de Servicios Sociales Básicos: con la intención de articular Educación, incluyendo Educación Superior y Salud en un esquema preventivo, este Ministerio tendría como objetivo, en un proceso, asumir una visión y acción simultáneas de formación e intervención. Para ello se trataría de una transición que articularía lo que conocemos hoy como Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, así como todas las instituciones y ramas gubernamentales referidas a estos servicios, de manera tal que Centros Educativos y centros hospitalarios y médicos comiencen a transformarse en unidades territoriales de nuevas dimensiones pero en un mismo curso estratégico.

Ministerio de Defensa Social: al cual se integrarían las actuales Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas e Interior y Policía, para cambiar cualitativamente la visión tradicional, autoritaria y antidemocrática de esas variantes institucionales de la sociedad política: se trata de establecer como cuestión central la autodefensa de las comunidades de sus derechos sociales y por tanto que la sociedad política tiene como función principal la defensa de la soberanía popular referida a que se debe garantizar la no existencia de pobres, excluidos u oprimidos en la sociedad. Por tanto, este Ministerio será expresión de una reformulación radical de las unidades militares y policiales como unidades comunitaria para apoyar la transformación social y la intervención comunitaria. Ello en el espíritu de la propuesta de 1856 de Pedro Francisco Bonó de que “el remedio más eficaz y oportuno es organiza la Guardia Cívica… bajo un sistema liberal, civil, elegible y dependiente del poder municipal… hacerla su defensa bajo un régimen liberal como el de nombrar ella misma sus jefes…”. Se trataría de democratizar toda la estructura de la sociedad política e impedir la dirección unipersonal y corporativa de ramas del poder público.

Todos los integrantes de este Ministerio serán ciudadanos integrales con todos sus derechos políticos de participación y protagonismo.

La reformulación y transformación de lo que llamamos el “poder ejecutivo” a partir de una concepción estratégica diferente es clave para generar condiciones cualitativas nuevas para el desarrollo social. Por ello nadie que llegare a la Presidencia o a las Vice-Presidencias podrá jamás ser repostulado en ninguna circunstancia y los periodos continuarán siendo de 4 años.

En el contexto de la reforma radical de lo que llamamos “poder ejecutivo”, otras propuestas complementarias son urgentes:

La designación del personal de la administración pública o de la sociedad política, salvo los rangos referidos a Ministerios y Vice-Ministerios no será facultad del “Presidente”, sino del sistema de carrera que debe establecerse y que tendrá como eje central el concurso y la promoción por mento, eficacia y formación.

No existirá la categoría de “Primera Dama”, porque es un privilegio derivado, y en toda la estructura no podrán ser designados en el entorno de responsabilidades, ni padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, cuñados y cuñadas, primos, primas, así como serán eliminadas las categorías de Ayudantes Civiles, Secretarios (Ministros) de Estado sin Cartera y Asesores y Consultores.

Debe ser superada la condición de “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”, que no debe existir como expresión del poder unipersonal, autoritario e individualista, ya que el sistema de gestión será colectivo del Consejo de Ministros y al interior del Ministerio de Defensa Social.

“PODER JUDICIAL”

A tono con la visión estratégica que hemos ido sugiriendo y que hace énfasis en la necesidad de tener como eje la condición social de las mayorías populares y el potenciamiento de sus derechos, entendemos que algunas propuestas son prioritarias:

Reconocer como prevalente (o que debe prevalecer) la categoría del “derecho o derechos de la comunidad o comunidades” como expresión de la soberanía concreta de los pueblos y sus capacidades de iniciativas directas (democracia directa de base). Ello implica superar dicotomías y hegemonías: específicamente el llamado “derecho civil” o “derecho privado”, que es una creación específica para garantizar unos intereses desde el “poder público” que decide.

Por lo tanto, el énfasis fundamental deberá ponerse, inicialmente en la autogestión jurídica desde las iniciativas comunitarias y la creación de los jurisdicciones desde esas existencias territoriales con participación multidisciplinaria y colectiva (jamás individual o unipersonal). La creación de las “defensorías comunitarias” desde las propias comunidades y no como funcionariados pactados y burocráticos, completarían el nuevo contexto centrado en el derecho público comunitario, superando la dicotomía civil-penal existente en la actualidad.

Ningún momento o proceso será secreto y administrativo y ninguna instancia del Ministerio de Defensa Social podrá implementar expedientes o tomar iniciativas en relación a personas o comunidades para iniciar procesos.

El personal multidisciplinario del llamado “poder judicial” (abogados, trabajadores sociales, sicólogos, orientadores, siquiatras, defensores comunitarios, etc.) estará sujeto a selección a partir de participación de comunidades, méritos de formación y vocación de voluntariado.

DIVISIÓN TERRITORIAL Y PODERES
REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES
Para garantizar el desarrollo orgánico, holístico y articulado de la sociedad dominicana deberá establecerse:

5.1 Tres macroregiones (Sur, Norte y Este) que serán administradas por Consejos Regionales encabezadas por cada Vice-Presidente e integradas por todos los Presidentes de los Consejos Provinciales responsables de los planes regionales de desarrollo social.

Cada macroregión estará subdividida en no más de 4 Provincias, lo que arrojaría un total de no más de 12 Provincias, cada una de ellas gestionada por un Consejo Provincial integrado por todos los Presidentes de los Consejos Municipales de los Municipios que integran cada Provincia. No existirán Gobernadores Provinciales y el Presidente del Consejo Municipal de más peso demográfico será el Coordinador del Consejo Provincial responsable de los planes de desarrollo social en el contexto de los planes regionales.

Cada Provincia se organizará en Municipios, teniendo cada uno como estructura básica una Asamblea Municipal integrada por representantes de barrios, parajes y secciones y Síndicos o Alcaldes, responsable del desarrollo social y los planes municipales en el contexto de los planes provinciales.

Se reconocen, pues, los poderes regionales, provinciales y municipales y sus autonomías, y estos últimos deberán expresarse en las demarcaciones socioterritoriales de barrios, parajes y secciones, como poderes locales en Asambleas Barriales, de Secciones o Parajes integradas por representantes escogidos por las comunidades, en el contexto de los planes municipales.

Los integrantes de los distintos Consejos y Asambleas no poseerán privilegios e inmunidades especiales y sus ingresos por funciones estarán referidos al establecimiento de ingresos o rentas ciudadanas, debiendo someterse a los plazos de rendición de cuentas trimestrales y a posibilidades de revocación de mandatos en cualesquiera momento.

Al extender la participación desde abajo se trata de reconocer lo que propuso como definición el Gobierno Provisorio Restaurador en su Boletín Oficial No. 23 de 1865: “…democracia, gobierno popular; …democracia, el poder ejercido por las masas”, porque, como decía acertadamente en 1857 Ulises Francisco Espaillat que “no hay dudas de que mientras más se subdivide el poder, más se debilita y justamente esto es lo que más conviene a los pueblos, para que sus gobernantes no empleen para oprimirles, el poder que de ellos han recibido”. Este punto de vista de Espaillat coincide con el juicio directo y certero de Pedro Francisco Bonó en la misma fecha cuando dijo: “queremos oponer al Poder Ejecutivo una muralla”.

Pero, al igual que en el Ejecutivo y Legislativo no existirá jamás la repostulación y por tanto la reelección para ninguno de los puestos o posiciones electivas establecidas, y ello significa que solo en una oportunidad el elegido podrá ocupar la posición, porque como señaló Gregorio Luperón: “Cuando la Constitución fatalmente contiene la reelección, es seguro que el partido que tiene el poder consigue hacerse reelegir en perjuicio de los demás…”.

“PODER ELECTORAL”
Para garantizar un proceso fluido, sistemático y cotidiano, proponemos superar el concepto de poder electoral y asumir el de poder o poderes de participación acorde con la soberanía popular, y por tanto, en vez de una “Junta Central Electoral” que opera fundamentalmente en ciertas coyunturas de delegación, entendemos pertinente un “Consejo Nacional de Participación” que esté en capacidad de transitar día a día en el contexto de un proceso más complejo.

Para garantizar una reorientación en lo fundamental del sistema de la sociedad política, entiendo pertinente:

Superar la base de sustentación del sistema político básicamente en la categoría de ‘partidos políticos’ y extenderlo a todas formas de organizaciones y sociedades comunitarias, populares, asociativas, territoriales o sectoriales, de manera tal que se pueda acercar el ejercicio democrático a los lugares de la vida cotidiana y a formas de articulación que superen aparatos y formas burocráticas de clientela, manipulación y dominación.

Asumir el sentido de la propuesta de los “Estatutos” del Partido Nacionalista hecha en 1925 que prohibía expresamente que no podrán ser delegados a las Asambleas Partidarias, ni “los funcionarios del Estado, de la Provincia y el Municipio”, así como “los empleados de carácter nacional, provincial y municipal” entre otros, para contribuir a impedir la transformación de las organizaciones políticas en centros de clientela y manipulación, de manera tal que a la sociedad, tal y como afirmó Ulises Francisco Espaillat en no le caiga o se ensañe “la peste de los Partidos” o como apuntara Gregorio Luperón “eternizar la funesta oligarquía de los partidos”.

Y con la finalidad de iniciar procesos efectivos de conformación de organizaciones sociopolíticas enraizadas en las comunidades, prohibir el financiamiento ‘estatal’ o de la sociedad política a las organizaciones llamadas partidos o de simple participación electoral, haciendo énfasis en la autogestión social, que deberá ser pública, es decir, no solo de conocimiento público en un plazo no mayor de una semana, sino de acceso inmediato como información ciudadana, no importa su procedencia u origen.

CONCLUSIONES

Tal y como decía al inicio de mi intervención, mi intención provocadora se situaría en propuestas cuyo objetivo o propósito es ir a transformaciones de fondo de la sociedad política, sobre todo, buscando resultados que impidan la acumulación originaria capitalista desde la sociedad política. Sea a partir de la práctica de la burocracia partidaria, de la burocracia integrada por la empleomanía llamada pública, por iniciativas de fracciones burguesas asociadas a las dos burocracias anteriores, las propuestas de la burocracia internacional colonizadora (FMI, Bancos, OIC, etc.), para afianzar estrategias neoliberales que garanticen la colonización del país por diversos intereses imperialistas (señaladamente norteamericanos y europeos, fundamentalmente).

Ello así porque como decía ya en 1848 Benigno Filomeno de Rojas que “estos años… deben habernos suministrado experiencias y datos suficientes para saber con certeza los errores que se deben corregir y los vacíos que hay que llenar”, sobre todo, cuando a partir de las experiencias transitamos de un “gobierno” a otro sin que la acción pública desde la sociedad política exprese los intereses de las mayoría populares oprimidas y excluidas. Se trata de que la transformación política, como dijo la “Proclama del Congreso Constituyente de Moca” de 1858 contribuya a “que los pueblos se acostumbren a gobernarse a sí mismos”. Se trata, por lo tanto, de dejar la vacilación, el culebreo y las medias tintas, porque en 1857 Pedro Francisco Bonó tuvo razón al decir, cuando se propone o juzga que “en política no ha de haber términos medios”.

Porque se trata de resistir a “la sociedad del poder”, como acertadamente lo apunta el Sub-Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) al referirse a la coalición mundial y nacional de burocracias y burguesías. Y esa resistencia está más cerca del 23 de Abril de 1984 y el 24 de Abril de 1965 que de cualesquiera 16 de Mayo, incluyendo el 16 de Mayo del 2004.

Se trata, como dijo nuestra “Liga de Ciudadanos”, en la ciudad de Santo Domingo en el año de 1900 que: “La naturaleza ha hecho a todos los hombres libres e iguales; ninguno señor de los demás… Los ha sometido a la necesidad de la asociación, no para que algunos, pocos o muchos, impongan como ley sus antojos a los otros y vivan del trabajo de éstos, sino para que el esfuerzo de cada uno concurra a la mayor eficacia del de todos y la fuerza de todos proteja y ayude a cada uno”.

Repetimos para concluir: “Que la fuerza de todos proteja y ayude a cada uno” es el sentido de mis propuestas políticas hoy.